Hay una forma de perder tu casa antes de abandonarla: vivir con miedo a la próxima renovación del alquiler.

También hay una forma de quedarse sin futuro teniendo un techo: no poder emanciparte, separarte o salir de una relación violenta porque no tienes dónde ir.

La vivienda atraviesa nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra libertad, pero la dificultad para acceder a ella no afecta a todas las personas por igual.

Una mirada sistémica, ecofeminista y de derechos nos invita a preguntarnos quién accede, quién queda fuera, quién cuida y quién asume los costes humanos y ambientales del modelo.

Una vivienda, muchas necesidades

Para quien teme quedarse en la calle, la prioridad es protección: dormir, ducharse y cerrar la puerta. Pedirle que espere a una transformación estructural es pedirle que sobreviva mientras llega.

Para otras personas, vivienda significa pertenencia: conservar el barrio, la escuela y las redes de apoyo. También significa autonomía: decidir con quién convivir y poder salir de una relación dañina.

Necesitamos estabilidad, contratos fiables y responsabilidades claras. Hay quienes buscan ahorro, inversión y patrimonio. Reconocer esa mirada abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede crecer el rendimiento de una vivienda sin destruir la seguridad de quien vive dentro?

Necesitamos hogares accesibles, comunidades que acompañen la vejez y oportunidades para quienes sufren discriminación o no pueden reunir una entrada.

Estas necesidades conviven y cambian durante nuestra vida. Las políticas deben escucharlas y reconocer que partimos de situaciones desiguales.

La igualdad exige mirar quién queda fuera

Una nómina, una entrada o un aval pueden parecer requisitos neutrales. ¿Qué ocurre cuando una persona ha reducido su jornada para cuidar, tiene ingresos inestables, sostiene sola a sus hijos o carece de respaldo familiar?

La perspectiva de género también nos obliga a mirar dentro del hogar: ¿quién es propietaria?, ¿quién decide?, ¿quién puede marcharse?, ¿quién sostiene los cuidados?

Tener un techo no garantiza autonomía. Y el género se cruza con la edad, la discapacidad, el origen, la situación administrativa y los ingresos.

Un enfoque de derechos exige respuestas concretas: accesibilidad, protección frente a la discriminación, apoyos económicos, seguridad de tenencia y alternativas adecuadas ante la pérdida del hogar.

¿Qué estamos llamando éxito?

Cuando sube el precio de una vivienda, solemos llamarlo revalorización. Cuando esa subida expulsa a una familia, lo llamamos problema social.

Son consecuencias del mismo proceso. ¿Qué formas de ahorro e inversión necesitamos para que nuestro futuro no dependa de encarecer el hogar de otra persona?

Regular las subidas protege a quienes alquilan. También debemos preguntarnos cómo se fija el precio desde el principio.

Housing Europe distingue referencias basadas en el mercado, los ingresos del hogar, las características de la vivienda y los costes de proporcionarla. Un descuento sobre un alquiler desorbitado puede seguir siendo inasumible y una renta calculada según costes puede superar lo que una familia puede pagar.

¿Y si el precio respondiera al coste de garantizar un hogar y a la capacidad de pagarlo?

Habitar también es cuidar

La mirada ecofeminista reconoce que dependemos de otras personas y de los ecosistemas que sostienen nuestra vida.

Una vivienda debe valorarse junto con la vida que permite llevar: consumo de energía, accesibilidad, transporte, servicios y posibilidades de recibir y prestar cuidados.

Una casa aparentemente barata puede salir muy cara si obliga a largos desplazamientos, es difícil de calentar o nos deja aislados. También debemos decidir cuándo rehabilitar, cómo aprovechar edificios existentes y dónde construir: el suelo, los materiales y la energía tienen límites.

¿Qué ahorramos en el precio si después lo pagamos con tiempo, salud, cuidados y deterioro ambiental?

Las alternativas ya existen

En Países Bajos, un sistema de puntos establece alquileres máximos para viviendas sujetas a regulación según sus características. En sectores de vivienda social de Dinamarca, Finlandia y Austria, existen alquileres basados en costes de financiación, mantenimiento y gestión.

En Irlanda, el Cost Rental ofrece alquiler estable basado en costes reales. Según su Housing Agency, las rentas son al menos un 25 % inferiores a las de viviendas privadas comparables.

Las housing associations de Reino Unido y Países Bajos aportan organizaciones dedicadas a proveer y gestionar vivienda social y asequible. Los Community Land Trust, como el de Bruselas, separan suelo y vivienda y limitan la reventa para preservar la asequibilidad y Mietshäuser Syndikat, en Alemania, acompaña proyectos autogestionados para retirar inmuebles del mercado inmobiliario.

Son herramientas que podemos adaptar y evaluar: ¿llegan a quienes más lo necesitan?, ¿reducen desigualdades?, ¿conservan su asequibilidad?

Cooperar para tener un hogar

Las cooperativas de vivienda en cesión de uso amplían las opciones más allá de comprar y alquilar. La cooperativa conserva la propiedad y sus miembros acceden al uso estable bajo condiciones acordadas. La Borda, en Barcelona, y Entrepatios, en Madrid, muestran ese camino.

Los grupos necesitan acompañamiento. Sostre Cívic promueve y gestiona proyectos; La Vivencial, alianza de Sostre Cívic, Tangente y Grupo La Veloz, impulsa el modelo en el territorio estatal; y la Red de Vivienda Cooperativa conecta experiencias y recursos.

En ese ecosistema se sitúa La Germinadora, nacida de la experiencia de Perviure en Cataluña y ampliada con CAIS en Andalucía y Agrelar en Galicia: una red de equipos profesionales que acompaña al grupo, los cuidados, la organización cooperativa y la viabilidad arquitectónica, económica y jurídica.

Ese trabajo se completa con incidencia institucional para facilitar la cesión de suelo público, preservando su titularidad pública y su función social.

Pero compartir espacios no garantiza repartir el trabajo. ¿Quién decide? ¿Quién cuida? ¿Quién tiene tiempo para las reuniones? Una comunidad debe evitar depender de la disponibilidad gratuita de unas pocas personas, especialmente de las mujeres.

También hacen falta financiación y apoyos para que la entrada económica y la dedicación requerida no excluyan a quienes tienen menos recursos.

La administración debe garantizar el derecho

El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para hacerlo efectivo.

Eso exige presupuesto, suelo, parque público, protección frente a la pérdida del hogar y cumplimiento de las normas, también participación, transparencia y posibilidades de reclamar.

La administración puede colaborar con cooperativas, entidades sociales y empresas. Sigue siendo responsable de supervisar los resultados y responder cuando alguien queda fuera.

¿Quién podrá acceder? ¿Cuánto pagará? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo se evitará la discriminación?

Quien puede perder su casa mañana necesita protección ahora y esa protección debe conectarse con soluciones estables.

Cambiar cómo invertimos

Hay capital que busca retorno económico y resultados sociales verificables. En 2025, el Fondo de Impacto Social gestionado por COFIDES e Impact Bridge anunciaron cinco millones de euros en tuTECHÔ, para facilitar vivienda y combatir el sinhogarismo.

ALAS Vivienda Asequible se presenta como Sociedad de Beneficio e Interés Común —SBIC— dedicada a preservar vivienda asequible. Las SBIC son empresas, no fondos. En 2026, el Fondo de Impacto Social anunció un préstamo de once millones de euros para apoyar más de 640 viviendas de ALAS.

El impacto debe comprobarse en precios, acceso, estabilidad y asequibilidad duradera. ¿Quién asume el riesgo? ¿Qué ocurre con las familias cuando un inversor sale?

Un futuro que podemos construir

Cambiar el modelo empieza por cambiar lo que consideramos éxito.

Además de contar viviendas, podemos contar personas que dejan de vivir con miedo, mujeres que salen de situaciones de violencia, jóvenes que se emancipan y personas mayores que viven acompañadas sin perder autonomía.

También podemos medir energía ahorrada, suelo preservado y tiempo recuperado para vivir y cuidar.

Hay comunidades, profesionales, administraciones e iniciativas de inversión abriendo caminos. Podemos aprender de ellas y hacerlas accesibles a más personas.

Podemos construir hogares que cuiden a quienes los habitan, a quienes sostienen los cuidados y al entorno del que dependemos.

Cada vivienda que conserva su asequibilidad y cada persona que recupera la posibilidad de elegir nos acerca a ese futuro.

¿Qué podemos hacer, junto a otras personas, para que vivir con seguridad, dignidad y libertad sea una posibilidad para todas?

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